III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA

Consejería de Contratación Pública, Deportes, Transportes, Movilidad y Comunicaciones

ANUNCIO
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Por medio del presente se hace de público conocimiento que por el Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de diciembre de 2024 adoptó el siguiente acuerdo cuya parte dispositiva establece lo siguiente:

“(...) PRIMERO. Crear el Tribunal Administrativo del Cabildo de Fuerteventura sobre Recursos Especiales en materia de Contratación Pública.

SEGUNDO. Aprobar inicialmente el REGLAMENTO ORGÁNICO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA SOBRE RECURSOS ESPECIALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA,	cuyo	texto	íntegro	figura	en	el	expediente	2023/25997	con	(CSV: 35600IDOC2A83EB55C1419B94A9E4162).:

“REGLAMENTO ORGÁNICO POR EL QUE SE CREA EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA SOBRE RECURSOS ESPECIALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 201/24/UE regula en su artículo 44 el recurso especial en materia de contratación pública, mientras que su artículo 45 dispone que, en el ámbito de la Administración General del Estado, el conocimiento y la resolución del recurso especial en materia de contratación estará encomendado al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, órgano especializado que actuará con plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias.

Asimismo, artículo 46 de la cita Ley dispone que, en el ámbito de las Comunidades Autónomas, la competencia para resolver los recursos será establecida por sus normas respectivas, debiendo crear un órgano independiente cuyo titular, o en el caso de que fuera colegiado, al menos su Presidente, ostente cualificaciones jurídicas y profesionales que garanticen un adecuado conocimiento de las materias que sean de su competencia. El nombramiento de los miembros de esta instancia independiente y la terminación de su mandato estarán sujetos en lo relativo a la autoridad responsable de su nombramiento, la duración de su mandato y su revocabilidad a condiciones que garanticen su independencia e inamovilidad.

En el ámbito de las Corporaciones Locales, el citado precepto establece que la competencia para resolver los recursos será establecida por las normas de las Comunidades Autónomas cuando estas tengan atribuida competencia normativa y de ejecución en materia de régimen local y contratación.

En el supuesto de que no exista previsión expresa en la legislación autonómica y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, la competencia para resolver los recursos corresponderá al mismo órgano al que las Comunidades Autónomas en cuyo territorio se integran las Corporaciones Locales hayan atribuido la competencia para resolver los recursos de su ámbito.

En todo caso, los Ayuntamientos de los municipios de gran población a los que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y las Diputaciones Provinciales podrán crear un órgano especializado y funcionalmente independiente que ostentará la competencia para resolver los recursos. Su constitución y funcionamiento y los requisitos que deben reunir sus miembros, su nombramiento, remoción y la duración de su mandato se regirá por lo que establezca la legislación autonómica, o, en su defecto, por lo establecido en el artículo 45 de esta Ley. El Pleno de la Corporación será el competente para acordar su creación y nombrar y remover a sus miembros. El resto de los Ayuntamientos podrán atribuir la competencia para resolver el recurso al órgano creado por la Diputación de la provincia a la que pertenezcan.

En aplicación del citado precepto el Gobierno de Canarias aprobó el Decreto 10/2015, de 12 de febrero, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El artículo 2 del citado decreto dispone lo siguiente en sus números 3 y 4:

“3. En el ámbito de las Administraciones Locales y las Universidades Públicas Canarias, la competencia para resolver los recursos, para conocer y resolver las medidas provisionales a que se refiere el artículo 43 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, las cuestiones de nulidad en los casos a que se refiere el artículo 37.1 del mismo texto legal y las reclamaciones y cuestiones de nulidad que se interpongan en los supuestos previstos en los artículos 101 y 109 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, será establecida por sus normas respectivas, debiendo crear un tribunal independiente cuyo titular, o en el caso de que fuera colegiado, al menos su Presidente, ostente cualificaciones jurídicas y profesionales que garanticen un adecuado conocimiento de las materias que deba conocer. El nombramiento de los miembros en esta instancia independiente y la terminación de su mandato estarán sujetos, en lo relativo a la autoridad responsable de su nombramiento, la duración de su mandato y su revocabilidad, a condiciones que garanticen su independencia e inamovilidad.

4. Las Administraciones Locales y las Universidades Públicas podrán, asimismo, atribuir al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, creado por este Decreto, la competencia para la resolución de los recursos especiales en materia de contratación, las cuestiones de nulidad en los casos a que se refiere el artículo 37.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, las medidas provisionales del artículo 43 del mismo texto legal, y las reclamaciones y cuestiones de nulidad que se interpongan en los supuestos previstos en los artículos 101 y 109 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que será objeto de publicación en el Boletín Oficial de Canarias, en el que se estipularán las condiciones en que las Administraciones Locales y las Universidades Públicas sufragarán los gastos derivados de esta asunción de competencias por parte del Tribunal”.

El Cabildo de Fuerteventura suscribió con fecha 20/10/2015 el Convenio por el que se encomienda al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias el conocimiento, tramitación y resolución de los recursos especiales en materia de contratación, las cuestiones de nulidad a que se refiere el artículo 37.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, las medidas provisionales del artículo 43 del mismo texto legal y las reclamaciones y cuestiones de nulidad que se interpongan en los supuestos previstos en los artículos 101 y 109 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales contra los actos adoptados por los órganos de contratación del Cabildo Insular de Fuerteventura y de aquellos entes, organismos y entidades que tengan la consideración de poder adjudicador y estén vinculados a este Cabildo.

No obstante, en el ejercicio de su autonomía local y debido a razones de eficacia, eficiencia, agilidad e inmediatez necesarias y convenientes en los procedimientos administrativos de contratación pública, el Cabildo de Fuerteventura considera procedente crear un órgano administrativo al que atribuya la competencia para resolver los recursos especiales y demás cuestiones que planteen los licitadores en relación con los mismos así como las cuestiones de nulidad previstas en la Ley de Contratos del Sector Público como vía más óptima y más favorable, teniendo en cuenta la estructura económica de la Administración Pública Insular, el volumen de contratación

existente, la capacidad técnica disponible y la necesidad de simplificar, dentro del Cabildo de Fuerteventura, los trámites administrativos a los licitadores para la resolución de los asuntos que competen a dicho órgano.

La cláusula séptima del Convenio por el que se encomienda al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias el conocimiento, tramitación y resolución de los recursos especiales en materia de contratación dispone:

1.	En el caso de que el Cabildo Insular de Fuerteventura cree un órgano independiente al que atribuya la competencia a que se refiere la cláusula primera, se extinguirá el presente convenio, sin necesidad de denuncia previa, a partir de la fecha en que el órgano creado comience a ejercer sus funciones, de conformidad con la disposición que lo cree o regule.

2.	Salvo que en la disposición que cree el nuevo órgano independiente se establezca otra cosa, los asuntos de que estuviera conociendo el Tribunal en el momento de producirse el cambio de competencia seguirán bajo el conocimiento del mismo hasta su resolución, sin perjuicio de que la ejecución de las resoluciones dictadas se asuma por el nuevo órgano creado.

Por lo expuesto, en ejercicio de la competencia atribuida al Cabildo de Fuerteventura en el artículo 2.3 del Decreto 10/2015, de 12 de febrero, del Gobierno de Canarias, en relación con el artículo 4.1.a), de la Ley de Bases del Régimen Local, y de acuerdo con los preceptos básicos del Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos Especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, se establecen las siguientes normas y régimen que regularán el funcionamiento del Tribunal Administrativo de recursos especiales en materia de contratación del Cabildo de Fuerteventura.

Artículo 1. Creación y adscripción del Tribunal Administrativo de recursos especiales en materia de contratación el Cabildo de Fuerteventura

1.	Se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Especiales en materia de Contratación del Cabildo de Fuerteventura que se conformará como un órgano unipersonal de carácter administrativo, especializado en materia de revisión de procedimientos de contratación, con las competencias que se enumeran en el artículo 3, que ejercerá con plena independencia y autonomía funcional.

2.	Sin perjuicio de su independencia funcional, el Tribunal se adscribe orgánicamente a la Consejería insular competente en materia de contratación administrativa.

Artículo 2. Ámbito funcional.

El Tribunal Administrativo de Recursos Especiales en materia de Contratación del Cabildo de Fuerteventura ejerce sus funciones en el ámbito de la Administración Pública Insular y de las Entidades, de los Organismos y Entes que forman parte de su sector público y que tengan la consideración de poderes adjudicadores.

Artículo 3. Competencias.

El Tribunal Administrativo de Recursos Especiales en materia de Contratación del Cabildo de Fuerteventura es competente para:

a)	Conocer y resolver los recursos especiales en materia de contratación pública, establecidos en la legislación vigente sobre contratación pública.

b)	Conocer y resolver las cuestiones de nulidad contractual establecidas en la legislación estatal vigente sobre contratación pública.

c)	Adoptar las decisiones pertinentes sobre las medidas cautelares o provisionales que se puedan solicitar por las personas legitimadas en los procedimientos anteriormente establecidos.

d)	Cualquier otra competencia que le atribuyan las leyes.

Artículo 4. Composición, nombramiento, cese y retribución de los miembros del Tribunal Administrativo de Recursos Especiales en materia de Contratación del Cabildo de Fuerteventura.

1.	Composición

El Tribunal Administrativo de Recursos Especiales en materia de Contratación el Cabildo de Fuerteventura estará integrado por un titular, teniendo así, carácter unipersonal. Además, se designará uno o varios suplentes que actuará en caso de ausencia, enfermedad o impedimento, con carácter temporal, de su titular, así como cuando, por causa de incompatibilidad deba abstenerse de conocer sobre cualquier reclamación planteada al Tribunal.

2.	Designación

La designación del titular de este Tribunal y su suplencia, que será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, se realizará por Acuerdo del Pleno de la Corporación, a propuesta del Consejo de Gobierno Insular previa propuesta del Consejero competente en materia de contratación administrativa, entre funcionarios de carrera de cuerpos y escalas para cuyo acceso sea requisito necesario el título de licenciado o grado en Derecho, que hayan desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a quince años, preferentemente en el ámbito del Derecho Administrativo relacionado directamente con la contratación pública.

En el caso de que el titular del Tribunal y su suplencia fuera designado entre funcionarios de carrera incluidos en el ámbito de aplicación del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, este deberá pertenecer a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1 del artículo 76 de dicho texto legal.

3.	Sistema de selección- nombramiento

El/la presidente/a y sus suplentes, serán nombrados y removidos por el Pleno del Cabildo de Fuerteventura.

El nombramiento de la Presidencia y sus suplentes se realizará por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 13, 78 y 80 del texto refundido del Estatuto del Empleo Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; artículo 85 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; la Ley 2/2019, de 30 de enero, para la aplicación del Régimen Especial de Organización de Cabildos Insulares, previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril; la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, y el Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de Fuerteventura, aprobado en sesión plenaria de fecha 25 de octubre de 2019, publicado en el Boletín Oficial de Canarias, número 236, en fecha 5 de diciembre de 2019, siendo objeto de publicación en el BOP de Las Palmas.

En la convocatoria se especificarán los requisitos que deban reunir quienes aspiren a cubrir los puestos convocados y se garantizará la cualificación específica de los aspirantes para el desempeño de las competencias propias del Tribunal.

La participación en las convocatorias estará abierta a funcionarios de carrera de cualesquiera Administración Pública, en condiciones de igualdad.

En cualquier caso, cesado el Presidente, este continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que tome posesión de su cargo el que lo vaya a sustituir.

La designación de la Presidencia y sus suplentes, se realizará entre funcionarios de carrera del grupo A1, con la titulación en Derecho, que hayan desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a quince años en la rama de Derecho Administrativo relacionada directamente con la contratación pública.

En caso de que tras la convocatoria no sea posible designar suplencias, se nombrará a una o varias personas, mediante Acuerdo del Pleno de la Corporación, a propuesta del Consejo de Gobierno Insular previa propuesta del Consejero competente en materia de contratación administrativa, no siendo necesario que cumpla con los requisitos de experiencia exigidos al titular de la Presidencia.

La Presidencia del tribunal desempeñará su función sin que sea necesario en régimen de exclusividad.

4.	Comisión evaluadora de la convocatoria pública para la selección.

Se constituirá una Comisión Evaluadora que será designada por el Consejo de Gobierno Insular de Fuerteventura y se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros debiendo poseer estos un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso, contará con una presidencia y un/a secretario/a, y estará constituida por tres miembros funcionarios de carrera.

5.	El titular del órgano serán nombrado por un periodo máximo de seis años desde su nombramiento y no podrá prorrogarse.

El titular del Tribunal tendrá carácter independiente e inamovible y no podrá ser removido de su puesto sino por las causas siguientes:

a)	Por fallecimiento.

b)	Por expiración de su mandato.

c)	Por renuncia aceptada por el Consejo de Gobierno Insular a propuesta del Consejero competente en materia de contratación administrativa.

d)	Por pérdida de la nacionalidad española.

e)	Por incumplimiento grave de sus obligaciones.

f)	Por condena a pena privativa de libertad o de inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargo público por razón de delito.

g)	Por incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función.

h)	Por pérdida de la condición de funcionario.
6.	El cese será acordado mediante Acuerdo del Pleno de la Corporación, a propuesta del Consejo de Gobierno Insular previa propuesta del Consejero competente en materia de contratación administrativa, figurando expresamente, tanto en la propuesta como en el Acuerdo, y como motivación de los mismos, la causa o causas que lo justifiquen.

En el caso de que el titular del Tribunal haya cesado por expiración de su mandato o renuncia, deberá continuar en el ejercicio de sus funciones hasta que tome posesión de su cargo el que lo haya de sustituir, siendo el Pleno de la Corporación quien designe Presidente/a del órgano a quien figure como suplente si fue elegido en convocatoria pública.

7.	En caso de ausencia, enfermedad o impedimento, con carácter temporal, de la persona suplente de la Presidencia, mediante Acuerdo del Pleno de la Corporación, a propuesta del Consejo de Gobierno Insular previa propuesta

del Consejero competente en materia de contratación administrativa, precedida, a su vez, de propuesta del Presidente del Tribunal, podrán designarse un segundo suplente, que deberá cumplir los mismos requisitos.

8.	En caso de vacancia, cualquiera que sea la causa, el Pleno de la Corporación podrá designar a su suplente como titular de la Presidencia del órgano, siempre que haya sido seleccionado mediante convocatoria pública, comenzando a computar el plazo máximo de su mandato, desde el nombramiento.

9.	Retribución del titular del Tribunal

La retribución del titular del Tribunal Administrativo de Recursos Especiales en materia de Contratación del Cabildo de Fuerteventura consistirá en una indemnización por razón del servicio cuyo importe se fijará anualmente en las bases de ejecución del Presupuesto General del Cabildo.

Artículo 5. Incompatibilidades y garantías de los miembros del tribunal.

La condición de miembro tribunal será incompatible con el ejercicio de funciones de asesoramiento o consultivas a los órganos de contratación, así como con cualesquiera otras relacionadas con la preparación, licitación, adjudicación, formalización, ejecución y fiscalización de contratos públicos en el ámbito de competencias del tribunal.

Artículo 6. Objetividad, imparcialidad y sigilo.

1.	El Presidente ejercerá su función con objetividad e imparcialidad, sin sujeción a vínculo jerárquico alguno ni a instrucciones de ninguna clase de los órganos del Cabildo de Fuerteventura.

2.	Tendrá la obligación de inhibirse del conocimiento de los asuntos en los que concurra alguna de las causas de abstención y recusación establecidas en la legislación en materia de procedimiento administrativo común.

Artículo 7. Funciones de la Presidencia.

Son funciones de la presidencia las previstas con carácter general para los órganos colegiados de las Administraciones Públicas y, en particular:

a)	Ostentar la representación del tribunal.

b)	Cualesquiera otras que le atribuyan la normativa vigente o el Reglamento de Funcionamiento Interno. Artículo 8. Régimen de funcionamiento
El Tribunal Administrativo de Recursos Especiales en materia de Contratación del Cabildo de Fuerteventura ejercerá sus atribuciones con independencia, objetividad e imparcialidad, sin sujeción a vínculo jerárquico alguno.

Disposición adicional primera. Apoyo administrativo al Tribunal Administrativo de Recursos Especiales en materia de Contratación del Cabildo de Fuerteventura

La Consejería competente en materia de contratación administrativa, en la que se integra orgánicamente el Tribunal le prestará apoyo administrativo, garantizando la disponibilidad de los medios personales y materiales necesarios para que lleve a cabo sus funciones adecuadamente.

Disposición adicional segunda. Medios telemáticos.

Las comunicaciones entre el Tribunal y los órganos de contratación o las entidades contratantes se harán, siempre que sea posible, por medios informáticos, electrónicos o telemáticos.

Las notificaciones a los recurrentes y demás interesados se efectuarán a través de la sede electrónica del Cabildo de Fuerteventura.

Disposición transitoria. Procedimientos en tramitación.

El Tribunal Administrativo de Recursos Especiales en materia de Contratación del Cabildo de Fuerteventura será competente para recibir, tramitar y resolver los recursos especiales en materia de contratación, las reclamaciones, las medidas cautelares o provisionales y las cuestiones de nulidad que se interpongan o planteen, a partir del día siguiente al de la publicación del nombramiento de su titular en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

Los recursos especiales en materia de contratación, así como las reclamaciones, las medidas cautelares o provisionales y las cuestiones de nulidad que se hubieran interpuesto o solicitado con anterioridad a la publicación del nombramiento del titular del Tribunal, y estuvieren pendientes de resolución, serán resueltos por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En caso de vacancia de la presidencia y cuando exista la imposibilidad de designar la misma hasta la designación fruto de una nueva convocatoria, los recursos especiales presentados, serán resueltos por el Tribunal de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Canarias”

TERCERO. Someter a información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

CUARTO. Ordenar la publicación del correspondiente anuncio de exposición al público en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en el Portal de Transparencia y en la página web del Cabildo Insular de Fuerteventura www.cabildofuer.es en el menú atención al ciudadano, en el apartado información pública.

QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 56.1, 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la bases del Régimen Local, la publicación y entrada en vigor del presente Reglamento se producirá de la siguiente forma:

a)	El acuerdo de aprobación definitiva se comunicará a la Administración General del Estado y a la Administración de la Comunidad Autónoma.

b)	Transcurrido el plazo de QUINCE (15) DÍAS desde la recepción de la comunicación, el acuerdo y el Reglamento se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

c)	El presente Reglamento entrará en vigor a los QUINCE DÍAS HÁBILES de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, sin perjuicio de su completa publicación en el Portal de Transparencia y en la web corporativa insular.

(...)”

En Puerto del Rosario, a dos de enero de dos mil veinticinco.

EL CONSEJERO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, DEPORTES, TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COMUNICACIONES.

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