Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del Recurso Extraordinario de Revisión. El plazo para interponer el Recurso Contencioso- Administrativo será de DOS MESES contados desde el día siguiente al de la notificación de este acto.

Puerto del Rosario, a ocho de mayo de dos mil veinticinco.

LA CONSEJERA DE ÁREA INSULAR DE HACIENDA, PROM. ECONOC., REC. HUM., DEP. Y MOV.
S

107.802

Servicio de Promoción Económica

1.741

ANUNCIO

El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Fuerteventura, en sesión ordinaria celebrada el 06/05/2025, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar la primera modificación del Plan de Medidas Antifraude del Cabildo Insular de Fuerteventura, cuyo texto íntegro en el siguiente:

PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE PARA LA GESTIÓN DE LOS FONDOS NEXT GENERATION EU.

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN

2.	OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

3.	CONCEPTOS BÁSICOS

3.1.	FRAUDE

3.2.	CORRUPCIÓN

3.3.	CONFLICTO DE INTERESES

3.4.	IRREGULARIDAD

3.5.	MALVERSACIÓN

3.6.	INTERESES FINANCIEROS DE LA UNIÓN

4.	EVALUACIÓN DE RIESGO DE FRAUDE

5.	ESTRUCTURACIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS MEDIDAS ANTIFRAUDE

5.1.	MEDIDAS DE PREVENCIÓN

5.2.	MEDIDAS DE DETECCIÓN

5.3.	MEDIDAS DE CORRECCIÓN

5.4.	MEDIDAS DE PERSECUSIÓN

5.5.	SEGUIMIENTO Y CONTROL

6.	COMISIÓN ANTIFRAUDE

6.1.	COMPOSICIÓN

6.2.	FUNCIONES

6.3.	REUNIONES

7.	PUBLICIDAD ANEXO I  ANEXO II ANEXO III. A) ANEXO III. B) ANEXO III. C) ANEXO IV INTRODUCCIÓN.
El 21 de julio de 2020, tras la declaración por la Organización Mundial de la Salud de la pandemia internacional provocada por la COVID-19 en marzo de ese mismo año, se aprueba por el Consejo Europeo un importante paquete de medidas, sin precedentes, destinadas a la recuperación, impulso y transformación de las sociedades que permita un mayor ajuste, adaptabilidad y respuesta ante posibles situaciones no experimentadas que creen un marco de incertidumbre a la hora de afrontarlas y gestionarlas. Estas medidas engloban el futuro marco financiero plurianual (MFP) para los años 2021-2027 y la puesta en marcha del programa europeo o fondo de recuperación NextGenerationEU (NGEU), fundado en tres pilares esenciales:

-	La adopción de instrumentos para apoyar los esfuerzos de los Estado miembros por recuperarse, repara los daños y salir reforzados de la crisis.

-	La adopción de medidas para impulsar la inversión privada y apoyar a las empresas en dificultades.

-	El refuerzo de los programas clave de la Unión Europea para extraer las enseñanzas de la crisis, hacer que el mercado único sea más fuerte y resiliente y acelerar la doble transición ecológica y digital.

El elemento central del NGEU es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), establecido a través del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, que consta de cuatro objetivos principales:

-	Promover la cohesión económica, social y territorial de la UE.

-	Fortalecer la resiliencia y la capacidad de ajuste de los Estados miembros.

-	Mitigar las repercusiones sociales y económicas de la crisis de la COVID-19.

-	Apoyar las transiciones ecológica y digital.

Todos los objetivos planteados están dirigidos a restaurar el potencial de crecimiento de las economías de la UE, fomentar la creación de empleo tras la crisis y promover el crecimiento sostenible.

Cada Estado miembro, a fin de lograr participar en el NGEU, ha elaborado un Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia que incluya las reformas y planes de inversiones necesarios para alcanzar los objetivos planteados por el MRR. En esta línea, España elabora su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que gira en torno a cuatro ejes clave:

-	Refuerzo de la inversión pública y privada para reorientar el modelo productivo, impulsando la transición verde.

-	Fijación de ruta de para acelerar la transición digital, en línea con la estrategia digital Europa y la Agenda España Digital 2025.

*Cohesión social y territorial.

*Igualdad de género.

Estos ejes canalizan las diez políticas palancas que determinan la evolución futura de España:

-	Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura.

-	Infraestructuras y ecosistemas resilientes.

-	Transición energética y justa e inclusiva.

-	Administración para el siglo XXI.

-	Modernización y digitalización del ecosistema de empresas.

-	Pacto por la ciencia y la innovación y refuerzo del Sistema Nacional de Salud.

-	Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades.

-	Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo.

-	Impulso de la industria de la cultura y el deporte.

-	Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible.

A su vez, dentro de cada una de estas palancas, se agrupan treinta Componentes, de los que serán responsables uno varios departamentos ministeriales (entidades decisoras) y que permiten articular las Medidas (programas de inversiones y reformas) recogidas en el PRTR. Para alcanzar los resultados propuestos en las Medidas establecidas, se desarrollarán Proyectos que englobarán el conjunto de acciones, recursos y medios destinados a conseguir los fines programados. De igual modo, los Proyectos podrán dividirse en Subproyectos, descomposición que llevará aparejada la correspondiente transferencia de recursos económicos y el compromiso de cumplimiento de las obligaciones transferidas.

Las entidades ejecutoras de proyectos son los departamentos ministeriales y las entidades de la Administración General del Estado (AGE), y en el caso de los subproyectos son los departamentos ministeriales, las entidades de la AGE, de las Administraciones Autonómica y Local y otros participantes del sector público.

El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pone

de manifiesto el compromiso y la necesidad de ajuste en la gestión de las Administraciones Públicas Españolas para poder responder de forma ágil, eficaz, eficiente y responsable a las exigencias derivadas de los pactos contraídos, eliminando los “cuellos de botella” y “obstáculos administrativos” en la gestión pública, para la ejecución de proyectos vinculados a los fondos NGEU.

Por otro lado se aprueban, la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, por otra, la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ambas son desarrollo directo del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y más concretamente están destinadas a satisfacer las exigencias del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021. Especial relevancia tiene, en primer lugar, la Orden HFP/1030/2021, en tanto establece, de conformidad con lo dispuesto en su artículo primero, la configuración y desarrollo de un “[…] Sistema de Gestión orientado a definir, planificar, ejecutar, seguir y controlar los proyectos y subproyectos en los que se descomponen las medidas (reformas/inversiones) previstas en los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.

Uno de los aspectos cruciales que pone de manifiesto desde la exposición de motivos la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es la necesidad de admitir que hay riesgos evidentes que deben ser identificados, prevenidos o perseguidos, así, y tal y como dispone su artículo 6.1, “Con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones que el artículo 22 del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, impone a España en relación con la protección de los intereses financieros de la Unión como beneficiario de los fondos del MRR, toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses”.

Con la aprobación de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se refuerza el enfoque preventivo del plan antifraude, estableciendo directrices más estrictas en la gestión de fondos públicos y promoviendo la integridad, transparencia y eficiencia.

Además, el cumplimiento de Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, garantiza contar con medidas de detección acordes a las exigencias legales, “[…] obliga a contar con canales internos de información a muchas empresas y entidades públicas porque se considera, y así también se ha recogido en informes y estadísticas recabados durante la elaboración del texto europeo, que es preferible que la información sobre prácticas irregulares se conozca por la propia organización para corregirlas o reparar lo antes posible los daños. Además de tales canales internos, exige la Directiva la determinación de otros canales de información, denominados «externos», con el fin de ofrecer a los ciudadanos una comunicación con una autoridad pública especializada, lo que les puede generar más confianza al disipar su temor a sufrir alguna represalia en su entorno.

Estos dos claros objetivos de la Directiva, proteger a los informantes y establecer las normas mínimas de los canales de información, se incorporan en el contenido de esta ley”.

En cumplimiento de dicho precepto, se elabora y aprueba este Plan de medidas antifraude del Excmo. Cabildo de Fuerteventura y de sus Organismos Autónomos, como entidad ejecutora de subproyectos, que pretende esclarecer las acciones que deben adoptarse para evitar el fraude en el tratamiento de los recursos derivados del MRR, con

el objetivo de prevenir, detectar y establecer medidas correctoras que permitan realizar un uso correcto, eficiente y eficaz de estos recursos. Se trata de un instrumento vivo y adaptable a las necesidades del momento, que posibilite su adecuación a las posibles nuevas exigencias que surjan en el ámbito de la lucha contra el fraude.

2.	OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

El objeto del presente Plan de medidas antifraude será el de reducir la aparición de fraude, interno y externo, vinculados a los subproyectos y acciones promovidas y desarrolladas por el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y sus Organismos Autónomos, en el marco del PRTR, como entidad ejecutora del mismo.

Abordará los principales riesgos de forma específica, teniendo en cuenta los elementos fundamentales en el ciclo contra el fraude: la prevención, el seguimiento, la detección o identificación, la corrección, la persecución y control, y asegurando que todas las partes implicadas comprendan y acepten sus responsabilidades y obligaciones. Será de aplicación a todos los órganos y personal responsable del Excmo. Cabildo de Fuerteventura y de sus Organismos Autónomos, que de forma directa o indirecta intervengan en la gestión de fondos procedentes del MRR.

Se trata de establecer un instrumento que permita la implementación de un sistema eficaz consiguiendo abordar todos los elementos del ciclo antifraude, a través de procedimiento y herramientas que garanticen la correcta actuación frente a posibles casos de fraude, corrupción y conflicto de intereses.

Según las especificaciones del artículo 6.5 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el presenta Plan de medidas antifraude contiene los siguientes requisitos mínimos:

a)	Estructurar las medidas antifraude de manera proporcionada y en torno a los cuatro elementos clave del denominado «ciclo antifraude»: prevención, detección, corrección y persecución.

b)	Prever la realización, por la entidad de que se trate, de una evaluación del riesgo, impacto y probabilidad de riesgo de fraude en los procesos clave de la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su revisión periódica, bienal o anual según el riesgo de fraude y, en todo caso, cuando se haya detectado algún caso de fraude o haya cambios significativos en los procedimientos o en el personal.

c)	Definir medidas preventivas adecuadas y proporcionadas, ajustadas a las situaciones concretas, para reducir el riesgo residual de fraude a un nivel aceptable.

d)	Prever la existencia de medidas de detección ajustadas a las señales de alerta y definir el procedimiento para su aplicación efectiva.

e)	Definir las medidas correctivas pertinentes cuando se detecta un caso sospechoso de fraude, con mecanismos claros de comunicación de las sospechas de fraude.

f)	Establecer procesos adecuados para el seguimiento de los casos sospechosos de fraude y la correspondiente recuperación de los Fondos de la UE gastados fraudulentamente.
g)	Definir procedimientos de seguimiento para revisar los procesos, procedimientos y controles relacionados con el fraude efectivo o potencial, que se transmiten a la correspondiente revisión de la evaluación del riesgo de fraude.

h)	Específicamente, definir procedimientos relativos a la prevención y corrección de situaciones de conflictos de interés conforme a lo establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 61 del Reglamento Financiero de la UE. En particular, deberá establecerse como obligatoria la suscripción de una DACI por quienes participen en los

procedimientos de ejecución del PRTR, la comunicación al superior jerárquico de la existencia de cualquier potencial conflicto de intereses y la adopción por este de la decisión que, en cada caso, corresponda.

3.	CONCEPTOS BÁSICOS.

De conformidad con la Directiva (UE) 2017/1371, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del derecho penal (Directiva PIF), y en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (Reglamento Financiero de la UE) se establecen las siguientes definiciones:

3.1.	FRAUDE.

3.1.1.	En materia de gastos cualquier acción u omisión intencionada relativa a:

-	La utilización o a la presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o incompletos, que tenga por efecto la percepción o retención indebida de fondos o activos procedentes del presupuesto general de la Unión o de presupuestos administrados por la Unión, o en su nombre,

-	El incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que tenga el mismo efecto, o

-	El uso indebido de esos fondos o activos para fines distintos de los que motivaron su concesión inicial.

3.1.2.	En materia de gastos relacionados con los contratos públicos, al menos cuando se cometan con ánimo de lucro ilegítimo para el autor u otra persona, cualquier acción u omisión relativa a:

-	El uso o la presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o incompletos, que tenga por efecto la malversación o la retención infundada de fondos o activos del presupuesto de la Unión o de presupuestos administrados por la Unión, o en su nombre,

-	El incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que tenga el mismo efecto, o

-	El uso indebido de esos fondos o activos para fines distintos de los que motivaron su concesión inicial y que perjudique los intereses financieros de la Unión.

3.1.3.	En materia de ingresos distintos de los procedentes de los recursos propios del IVA, cualquier acción u omisión relativa a:

-	El uso o la presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o incompletos, que tenga por efecto la disminución ilegal de los recursos del presupuesto de la Unión o de los presupuestos administrados por la Unión, o en su nombre,

-	El incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que tenga el mismo efecto, o
-	El uso indebido de un beneficio obtenido legalmente, con el mismo efecto.

3.1.4.	En materia de ingresos procedentes de los recursos propios del IVA, cualquier acción u omisión cometida en una trama fraudulenta transfronteriza en relación con:

-	El uso o la presentación de declaraciones o documentos relativos al IVA falsos, inexactos o incompletos, que tenga por efecto la disminución de los recursos del presupuesto de la Unión.

-	El incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información relativa al IVA, que tenga el mismo efecto; o

-	La presentación de declaraciones del IVA correctas con el fin de disimular de forma fraudulenta el incumplimiento de pago o la creación ilícita de un derecho a la devolución del IVA.

3.2.	CORRUPCIÓN.

3.2.1.	Corrupción activa.

La acción de toda persona que prometa, ofrezca o conceda, directamente o a través de un intermediario, una ventaja de cualquier tipo a un funcionario, para él o para un tercero, a fin de que actúe, o se abstenga de actuar, de acuerdo con su deber o en el ejercicio de sus funciones, de modo que perjudique o pueda perjudicar los intereses financieros de la Unión.

3.2.2.	Corrupción pasiva.

La acción de una persona empleada que, directamente o a través de un intermediario, pida o reciba ventajas de cualquier tipo, para él o para terceros, o acepte la promesa de una ventaja, a fin de que actúe, o se abstenga de actuar, de acuerdo con su deber o en el ejercicio de sus funciones, de modo que perjudique o pueda perjudicar los intereses financieros de la Unión.

3.3.	CONFLICTO DE INTERESES.

Existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal afectando, como posibles actores en el mismo, a las empleadas y empleados que realizan tareas de gestión, control y pago y otros agentes en los que se han delegado alguna de estas funciones así como a aquellos beneficiarios privados, socios, contratistas y subcontratistas, cuyas actuaciones sean financiadas con fondos, que puedan actuar en favor de sus propios intereses, pero en contra de los intereses financieros de la UE, en el marco de un conflicto de intereses.

3.3.1.	Conflicto de intereses aparente.

Se produce cuando los intereses privados de una persona empleada o beneficiaria son susceptibles de comprometer el ejercicio objetivo de sus funciones u obligaciones, pero finalmente no se encuentra un vínculo identificable e individual con aspectos concretos de la conducta, el comportamiento o las relaciones de la persona (o una repercusión en dichos aspectos).

3.3.2.	Conflicto de intereses potencial.

Surge cuando una persona empleada o beneficiaria tiene intereses privados de tal naturaleza, que podrían ser susceptibles de ocasionar un conflicto de intereses en el caso de que tuvieran que asumir en un futuro determinadas responsabilidades oficiales.

3.3.3.	Conflicto de intereses real.

Implica un conflicto entre el deber público y los intereses privados de una persona empleada o en el que éste tiene intereses personales que pueden influir de manera indebida en el desempeño de sus deberes y responsabilidades oficiales. En el caso de una persona beneficiaria implicaría un conflicto entre las obligaciones contraídas al solicitar la ayuda de los fondos y sus intereses privados que pueden influir de manera indebida en el desempeño de las citadas obligaciones.

3.4.	IRREGULARIDAD.

Toda infracción de una disposición del Derecho comunitario correspondiente a una acción u omisión de un agente económico que tenga o tendría por efecto perjudicar el presupuesto general de las Comunidades o a los presupuestos administrados por estas, bien sea mediante la disminución o la supresión de ingresos procedentes de recursos propios percibidos directamente por cuenta de las Comunidades, bien mediante un gasto indebido.

3.5.	MALVERSACIÓN.

Acto intencionado realizado por cualquier funcionario a quien se haya encomendado directa o indirectamente la gestión de fondos o activos, de comprometer o desembolsar fondos, o apropiarse o utilizar activos de forma contraria a los fines para los que estaban previstos y que perjudique de cualquier manera a los intereses financieros de la Unión.

3.6.	INTERESES FINANCIEROS DE LA UNIÓN.

Todos los ingresos, gastos y activos cubiertos por, adquiridos a través de, o adeudados a:

-	El presupuesto de la Unión,

-	Los presupuestos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión creados de conformidad con los Tratados u otros presupuestos gestionados y controlados directa o indirectamente por ellos.

4.	EVALUACIÓN DE RIESGO DE FRAUDE.

De conformidad con los dispuesto en los artículos 6.4. y 6.5.c) de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la evaluación del riesgo de fraude es una de las actuaciones obligatorias a tener en cuenta en el proceso de diseño de medidas antifraude, orientada a la detección de condiciones que pueden indicar la existencia de incentivos, presiones o posibilidades de que las personas físicas o jurídicas se vean implicadas en fraude, o cualquier otro tipo de irregularidades.

Para acometer dicha actuación por parte del Excmo. Cabildo de Fuerteventura, se procederá a la elaboración de:

-	El “Test de Conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción” relativo al estándar mínimo (Anexo
II.B.5	de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre).

-	La “Referencia medidas de prevención, detección y corrección del fraude, corrupción y conflicto de intereses” (Anexo III.C de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre) como guía para revisar las actuaciones previstas en este plan para tratar tanto las situaciones de conflictos de interés, como otros riesgos de corrupción y fraude.

-	Matriz de riesgos como herramienta que permite la identificación de los riesgos más significativos inherentes a las actividades de una empresa, tanto de procesos como de fabricación de productos o puesta en marcha de servicios. En este caso se plantean posibles situaciones potenciales de riesgo, desglosados por acciones concretas, valoradas en función de su probabilidad e impacto, y, definiendo, de igual modo, las acciones que se deben llevar a cabo respecto a cada uno de los riesgos escenificados. Para proceder a la evaluación de cada riesgo, se plantea una matriz de riesgos de 4 tramos de puntuación:

*Riesgo marginal: De 1 a 2 puntos. Se vigilará, aunque no requiere medidas preventivas de partida.

*Riesgo apreciable: De 3 a 8 puntos. Estudiar económicamente si es posible introducir medidas preventivas para reducir el nivel de riesgo. Si no fuera posible, mantener las variables controladas.

*Riesgo importante: De 9 a 12 puntos. Medidas preventivas obligatorias. Se deben controlar fuertemente las variables de riesgo durante el proyecto.

*Riesgo muy grave: De 15 a 25 puntos. Requiere medidas preventivas urgentes. No se debe iniciar el proyecto sin la aplicación de medidas preventivas urgentes y sin acotar sólidamente el riesgo.

Dentro de cada uno de los riesgos establecidos se desglosan una o varias banderas rojas concretas, que otorgaran la puntuación media del riesgo en cuestión. Para la definición de los diferentes riesgos y banderas se han utilizado los parámetros establecidos en la herramienta de evaluación de riesgo y fraude de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo en el período 2014-2020, basada a su vez en las orientaciones de la Comisión Europea para la Evaluación del riesgo de fraude y medidas efectivas y proporcionadas contra el fraude de junio de 2014, como en la experiencia en materia de irregularidades y fraude de la Autoridad de Gestión.

La herramienta práctica en formato Excel para la evaluación de riesgo por parte del Excmo. Cabildo de Fuerteventura y sus Organismos Autónomos se adjunta en el Anexo I del presente documento.

Por otro lado, se tendrá en cuenta que la revisión inicial efectuada deberá ser revisada de forma periódica con carácter anual por la Comisión Antifraude, dado que se trata de una herramienta viva y flexible que deberá adaptarse a situaciones concretas adoptando las modificaciones necesarias y acortando los plazos de revisión en caso de necesidad por razones de técnicas, jurídicas, circunstanciales, económicas o cualesquiera otras de relevancia para el objetivo del plan antifraude.

5.	ESTRUCTURACIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS MEDIDAS ANTIFRAUDE.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1 de la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión, traspuesta al ordenamiento jurídico español mediante la Ley Orgánica 1/2019, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, se entiende por fraude en materia de gastos cualquier acción u omisión intencionada relativa a:

a)	La utilización o la presentación de declaraciones o de documentos falsos, inexactos o incompletos, que tengan por efecto la percepción o la retención indebida de fondos procedentes del presupuesto general de las Comunidades Europeas o de los presupuestos administrados por las Comunidades Europeas o por su cuenta.

b)	El incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que tenga el mismo efecto.

c)	El desvío de esos mismos fondos con otros fines distintos de aquellos para los que fueron concedidos en un principio.

En el artículo 7 de la citada Directiva (UE) 2017/1371, se establece el régimen sancionador para aquellas infracciones penales que se comentan intencionadamente. El Código Penal recoge el régimen sancionador aplicable a nivel nacional.

Las entidades, autoridades y personal responsable del Excmo. Cabildo de Fuerteventura y de sus Organismos Autónomos que participen en la ejecución de actuaciones del PRTR deberán aplicar medidas proporcionadas contra el fraude.

Tras la evaluación inicial del riesgo de fraude realizada, se articulan medidas adecuadas, proporcionadas y estructuradas en torno a las cuatro áreas clave del ciclo de la lucha contra el fraude: prevención, detección, corrección y persecución, que permitirán evitar o minimizar los riesgos de fraude identificados.

5.1.	MEDIDAS DE PREVENCIÓN.

5.1.1.	Declaración de compromiso de lucha contra el fraude.

El Excmo. Cabildo de Fuerteventura y sus Organismos Autónomos suscribe su declaración de compromiso de lucha contra el fraude que será publicada en su web institucional. La aprobación de este Plan conlleva la suscripción de dicha declaración (Anexo II).

5.1.2.	Declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI).

Todos los intervinientes en los procedimientos, y en todo caso, el responsable del órgano de contratación/concesión de subvención, el personal que redacte los documentos necesarios, los expertos que evalúen las solicitudes/ofertas/propuestas, los miembros de los comités de evaluación, demás órganos colegiados, las personas beneficiarias, en definitiva todo aquel que intervenga en la ejecución de actuaciones relacionadas con el PRTR financiadas con cargo a los recursos del MRR, habrá de cumplimentar la declaración de ausencia de conflictos de intereses (DACI) contenida en este plan (Anexo III. A)), de conformidad con los dispuesto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre

5.1.3.	Análisis de conflictos interés.

El análisis de riesgos de conflicto de intereses se realizará a través de un sistema de análisis automatizado de data mining, denominado MINERVA, que se llevará a cabo en colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Este sistema, diseñado para identificar posibles conflictos de interés, comprobará las relaciones entre las personas intervinientes en los procedimientos (incluyendo a los órganos de contratación y las personas beneficiarias), evaluando situaciones que puedan poner en riesgo la imparcialidad del proceso. Este análisis será realizado de forma previa a la adjudicación de contratos o la concesión de subvenciones en el marco del PRTR.

Las personas implicadas deberán firmar electrónicamente la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI), la cual será procesada a través de MINERVA para detectar posibles relaciones familiares o vinculaciones entre los participantes, así como situaciones de incompatibilidad con las normas de conflicto de interés. Si se detecta un posible conflicto, el procedimiento será revisado, suspendido o modificado según corresponda.

5.1.4.	Código ético y de conducta.

Se elabora un Código Ético para el personal al servicio del Excmo. Cabildo de Fuerteventura y de sus Organismos Autónomos, debiendo adherirse todas aquellas personas que participen en la ejecución del PRTR como entidad ejecutora en el ámbito de la Institución insular. El código de conducta de los empleados públicos se incluye en el anexo IV de este plan y se publica, a su vez, en la página web del Excmo. Cabildo de Fuerteventura para su general conocimiento.

Del mismo modo, se pone de manifiesto la existencia del Código de Buen Gobierno Local de la Federación Española de Municipios y Provincias al que se adhirió, en su momento, el Excmo. Cabildo de Fuerteventura y sus Organismos Autónomos y al que puede acceder cualquier persona natural o jurídica que lo desee, a través del portal de la transparencia de la Institución Insular.

El objetivo será disuadir a los defraudadores y conseguir el máximo compromiso de las autoridades y el personal de la Corporación Insular y de sus Organismos Autónomos, así como fomentar la integridad, la objetividad, la rendición de cuentas y la honradez, todo ello de conformidad en la normativa estatal, autonómica y local al respecto.

5.1.5.	Mecanismos de evaluación de riesgos.

De acuerdo al contenido del punto número 4 de este plan, se proponen y diseñan mecanismos para la evaluación de riesgos acordes a los fines que se pretenden conseguir. De este modo se realizarán autoevaluaciones de riesgos por todos los implicados, y actualizaciones de los resultados conforme a la periodicidad establecida en este plan, o menor en función del riesgo de fraude.

5.1.6.	Formación y sensibilización.

Se promoverá la participación en jornadas, talleres y/o cursos formativos sobre las políticas de lucha contra el fraude tanto teóricos como prácticos, dirigidos a las autoridades y el personal del Excmo. Cabildo de Fuerteventura y de sus Organismos Autónomos que intervengan en la gestión y ejecución de subproyectos y actuaciones financiadas con el MRR.

Todas las acciones formativas están orientadas a la adquisición y transferencia de conocimientos e incluirán la siguiente información actualizada y alineada con la información proporcionada por la Comisión Europea:

-	Identificación y evaluación de riesgos, establecimiento de controles específicos y actuación en caso de detección de fraude.

-	Función y responsabilidades de cada una de las partes interesadas garantizando que se comprende perfectamente las obligaciones de cada una de ellas.

-	Procedimientos de notificación.

-	Acceso al apartado de la intranet donde se compartirá toda esta información.

-	Publicaciones en los boletines informativos, los carteles, o bien incluirse en el orden del día de las reuniones oficiales.

-	Ejemplos de situaciones que debieran notificarse como sospechas de comportamiento fraudulento o ejercer el control.

-	Notificación: de forma confidencial, sin represalias de la entidad ejecutora contra la persona que realiza la notificación.

-	Seguimiento de la respuesta por parte de la entidad ejecutora a la notificación realizada.

Todo el personal, incluyendo cualquier persona de nueva incorporación, recibirá formación, en función de su responsabilidad.

5.1.7.	Gestión, control interno y pago.

Se produce un reparto claro y segregado de funciones y responsabilidades en las actuaciones de gestión, control y pago.

Con carácter general, de acuerdo a la normativa de aplicación, le corresponderá la gestión de los procedimientos administrativos al órgano competente por razón de la materia; el control interno, financiero y contable, a la Intervención General; y la ordenación de todos los pagos a la Tesorería General.

5.1.8.	Comprobación y cruce de datos.

Dentro de los límites de la legislación relativa a la protección de datos, el Excmo. Cabildo de Fuerteventura y sus Organismos Autónomos fomentarán la utilización de herramientas y bases de datos que optimicen los procesos de obtención, almacenamiento y análisis de datos para la evaluación de riesgos, cruce de datos con otros organismos públicos o privados del sector y, así, detectar posibles situaciones de alto riesgo incluso antes de la concesión de los fondos.

5.2.	MEDIDAS DE DETECCIÓN.

Las medidas de prevención no pueden proporcionar una protección completa contra el fraude y, por tanto, se necesitan sistemas para detectar a tiempo los comportamientos fraudulentos que escapen a la prevención. En consecuencia, una buena estrategia contra el fraude debe tener presente que es preciso diseñar y ejecutar medidas de detección del fraude.

5.2.1.	Uso de bases de datos.

Toda la documentación (incluida la declaración de ausencia de conflicto de intereses) podrá ser verificada con:

-	Información externa (por ejemplo, información proporcionada por personas ajenas a la organización que no tienen relación con la situación que ha generado el conflicto de intereses).

-	Comprobaciones realizadas sobre determinadas situaciones con un alto riesgo de conflicto de intereses, basadas en el análisis de riesgos interno o banderas rojas (véase apartado siguiente).

-	Controles aleatorios. Uso de bases de datos como registros mercantiles, la Base Nacional de Subvenciones (BNDS), herramientas de contratación (PLCSP), herramientas propias de licitación, de gestión de incidencias, de subvenciones, registros públicos como el Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector público (ROLECE), Registro público de contratos de la Comunidad Autónoma de Canarias o a través de herramientas de prospección de datos (data mining) y de puntuación de riesgos (ARACHE1) en la medida de las posibilidades y con arreglo al principio de proporcionalidad.

5.2.2.	Banderas rojas.

Las banderas rojas son señales de alarma, pistas o indicios de posible fraude. La existencia de una bandera roja no implica necesariamente la existencia de fraude, pero sí indica que una determinada área de actividad necesita atención extra para descartar o confirmar un fraude potencial.

Como ejemplo de estas banderas rojas, se relacionan seguidamente las más empleadas, clasificadas por tipología de prácticas potencialmente fraudulentas, extraídas del Anexo I1 de la Nota informativa de la Comisión Europea sobre indicadores de fraude para el FEDER, el FSE y el FC (Mecanismos de fraude comunes y recurrentes y sus correspondientes indicadores), además de las propuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)2 y que tienen carácter meramente orientativo o ejemplificativo.

1	Véase el anexo I de la nota informativa de la Comisión Europea sobre indicadores de fraude para el FEDER, el FSE y el FC (Mecanismos de fraude comunes y recurrentes  y sus correspondientes indicadores).

2	Véase el documento de guía contra el fraude en la licitación pública de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Corrupción: Sobornos y comisiones ilegales:

El indicador más común de sobornos y comisiones ilegales es el trato favorable falto de explicación que un contratista recibe de un empleado contratante durante cierto tiempo.

Otros indicadores de alerta:

-	Existencia de una relación social estrecha entre un empleado contratante y un prestador de servicios o proveedor.

-	El patrimonio del empleado contratante aumenta inexplicada o repentinamente.

-	El empleado contratante tiene un negocio externo encubierto.

-	El contratista tiene fama en el sector de pagar comisiones ilegales.

-	Se producen cambios indocumentados o frecuentes en los contratos que aumentan el valor de éstos.

-	El empleado contratante rehúsa la promoción a un puesto no relacionado con la contratación pública.

-	El empleado contratante no presenta o rellena una declaración de conflicto de intereses. Pliegos rectores del procedimiento amañados a favor de un licitador:
-	Presentación de una única oferta o número anormalmente bajo de proposiciones optando a la licitación.

-	Extraordinaria similitud entre los pliegos rectores del procedimiento y los productos o servicios del contratista ganador.

-	Quejas de otros ofertantes.

-	Pliegos con prescripciones más restrictivas o más generales que las aprobadas en procedimientos previos similares.

-	Pliegos con cláusulas inusuales o poco razonables.

-	El poder adjudicador define un producto de una marca concreta en lugar de un producto genérico. Licitaciones colusorias:
-	La oferta ganadora es demasiado alta en comparación con los costes previstos, con las listas de precios públicas, con obras o servicios similares o promedios de la industria, o con precios de referencia del mercado.

-	Todos los licitadores ofertan precios altos de forma continuada.

-	Los precios de las ofertas bajan bruscamente cuando nuevos licitadores participan en el procedimiento.

-	Los adjudicatarios se reparten/turnan por región, tipo de trabajo, tipo de obra.

-	El adjudicatario subcontrata a los licitadores perdedores.

-	Patrones de ofertas inusuales (por ejemplo, las ofertas tienen porcentajes exactos de rebaja, la oferta ganadora está justo debajo del umbral de precios aceptables, se oferta exactamente al presupuesto del contrato, los precios de las ofertas son demasiado altos, demasiado próximos, muy distintos, números redondos, incompletos, etc.

Conflicto de intereses:

-	Favoritismo inexplicable o inusual de un contratista o vendedor en particular.

-	Aceptación continua de altos precios y trabajo de baja calidad, etc.

-	Empleado encargado de contratación no presenta declaración de conflicto de interés o lo hace de forma incompleta.

-	Empleado encargado de contratación declina ascenso a una posición en la que deja de tener que ver con adquisiciones.

-	Empleado encargado de contratación parece hacer negocios propios por su lado.

-	Socialización entre un empleado encargado de contratación y un proveedor de servicios o productos.

-	Aumento inexplicable o súbito de la riqueza o nivel de vida del empleado encargado de contratación. Falsificación de documentos:
a)	En el formato de los documentos:

-	Facturas sin logotipo de la sociedad.

-	Cifras borradas o tachadas.

-	Importes manuscritos.

-	Firmas idénticas en diferentes documentos.

b)	En el contenido de los documentos:

-	Fechas, importes, notas, etc. Inusuales;

-	Cálculos incorrectos;

Carencia de elementos obligatorios en una factura.

-	Ausencia de números de serie en las facturas.

-	Descripción de bienes y servicios de una forma vaga.

c)	Circunstancias inusuales:

-	Número inusual de pagos a un beneficiario.

-	Retrasos inusuales en la entrega de información.

-	Los datos contenidos en un documento, difieren visualmente de un documento similar expedido por el mismo organismo.

-	Incoherencia entre la documentación/información disponible.

-	Entre fechas de facturas y su número.

-	Facturas no registradas en contabilidad.

-	La actividad de una entidad no concuerda con los bienes o servicios facturados. Manipulación de las ofertas presentadas:
-	Quejas de los oferentes.

-	Falta de control e inadecuados procedimientos de licitación.

-	Indicios de cambios en las ofertas después de la recepción.

-	Ofertas excluidas por errores.

-	Licitador capacitado descartado por razones dudosas.

-	El procedimiento no se declara desierto y vuelve a convocarse pese a que se recibieron menos ofertas que el número mínimo requerido.

Manipulación de concursos:

-	Reducido número de licitadores.

-	Ofertas incoherentes de un mismo licitador.

-	Similitudes sospechosas en las ofertas presentadas.

-	Sospechas de boicot.

-	Ofertas no competitivas.

-	Patrones de comportamiento sospechoso entre las empresas licitadoras.

-	Subcontratación no justificada entre empresas licitadoras.

-	Ofertas presentadas por las mismas personas físicas.

-	Ofertas económicas de idéntica redacción, formato o errores.

-	U.T.E.s entre licitadores sin justificación aparente. Fraccionamiento del gasto:
-	Se aprecian dos o más adquisiciones con similar objeto efectuadas a idéntico adjudicatario, por debajo de los límites admitidos para la utilización de procedimientos de adjudicación directa o de los umbrales de publicidad o que exigirían procedimientos con mayores garantías de concurrencia.

-	Separación injustificada de las compras, por ejemplo, contratos separados para mano de obra y materiales, estando ambos por debajo de los umbrales de licitación abierta.
-	Compras secuenciales justo por debajo de umbrales de obligación de publicidad de las licitaciones. Acorde con el espíritu del Plan, se trata de una relación no exhaustiva que se podrá completar, en su caso,
incorporando otros indicadores adaptándolos en función de los riesgos detectados en cada momento.

5.2.3.	Mecanismo para informar de las posibles sospechas de fraude.

El Sistema interno de información del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y sus Organismos Autónomos (SIICIF), constituye el cauce preferente para informar sobre los posibles casos de fraude y otras irregularidades, que se pudieran producir en el seno de la propia entidad, con el fin de proceder a su corrección o reparación y establecer las normas mínimas de los canales de información, garantizando eficazmente, la protección de la privacidad y la confidencialidad de la comunicación y otorgar una protección adecuada, frente a las represalias que puedan sufrir las personas informantes por comunicar dichas irregularidades, de acuerdo a lo dispuesto en Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Se podrá acceder a través del enlace: https://www.cabildofuer.es/cabildo/siicif/

Las denuncias serán tratadas de forma confidencial en caso de ser presentadas con la debida identificación, sin perjuicio de que también podrán realizarse anónimamente, ya que el formulario dispuesto permitirá las dos

opciones de presentación. En ambos casos, se asegurará la protección de las personas contra cualquier tipo de discriminación o penalización por las denuncias realizadas. Aquellas declaradas falsas o difamatorias podrán ser objeto de sanción o dar lugar al ejercicio de las actuaciones previstas en la Ley.

Por otro lado, se dispone de:

-	Canal público de denuncias de la IGAE. Si se desea poner en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados con cargo a los Fondos Europeos, puede utilizar el canal habilitado al efecto por el citado Servicio, y al que se puede acceder a través del siguiente enlace: https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es- ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx

-	Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) de sospechas de fraude o corrupción que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea. Es posible dirigirse a la OLAF por medio de los siguientes canales:

*Por carta a: Comisión Europea, Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), Investigaciones y Operaciones B-1049 Bruselas, Bélgica

*Por correo electrónico a: OLAF-COURRIER@ec.europa.eu

*Por medio de las líneas de teléfono gratuito: https://ec.europa.eu/anti-fraud/index_es

-	Portal de Transparencia del Excmo. Cabildo de Fuerteventura: https://sede.cabildofuer.es/portal/transparencia/se_principal1.jsp?language=es&codResi=1.
5.3.	MEDIDAS DE CORRECCIÓN.

La detección de posible fraude, o su sospecha fundada, conllevará la inmediata suspensión del procedimiento, la notificación de tal circunstancia en el plazo más breve posible a las autoridades interesadas y a los organismos implicados en la realización de las actuaciones y la revisión de todos aquellos proyectos que hayan podido estar expuestos al mismo.

Para ello se seguirán lo pasos indicados a continuación:

-	Notificación en el menor plazo posible a las autoridades interesadas y a los organismos implicados.

-	Evaluación de la incidencia del fraude y su calificación como sistémico (de forma recurrente y en procedimientos similares) o puntual (hecho aislado).

-	Revisión total de los documentos y expedientes incluidos en las actuaciones donde se haya detectado el posible fraude o sospecha del mismo.
-	En su caso, urgir la retirada de financiación comunitaria de todos los expedientes en los que se distinga la incidencia detectada.

-	Comunicar a las unidades ejecutoras las medidas necesarias a aplicar para la subsanación de las incidencias detectadas y que no vuelvan a producirse.

5.4.	MEDIDAS DE PERSECUSIÓN.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se procederá, a la mayor brevedad posible:

a)	Comunicar los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad decisora (o a la entidad ejecutora que le haya encomendado la ejecución de las actuaciones, en cuyo caso será ésta la que se los comunicará a la entidad decisora), quien comunicará el asunto a la Autoridad Responsable, la cual podrá solicitar la información adicional que considere oportuna de cara a su seguimiento y comunicación a la Autoridad de Control.

b)	Denunciar, si fuese el caso, los hechos punibles a las Autoridades Públicas competentes (Servicio Nacional de Coordinación Antifraude) y para su valoración y eventual comunicación a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.

c)	Iniciar una información reservada para depurar responsabilidades o incoar un expediente disciplinario.

d)	Denunciar los hechos ante la fiscalía y los tribunales competentes, en los casos oportunos.

5.5.	SEGUIMIENTO Y CONTROL.

La Comisión Antifraude será la encargada de verificar y validar el correcto funcionamiento de los procesos implementos mediante el presente plan, en cuanto a las medidas de prevención, detección, corrección y persecución, así como de evaluar los resultados obtenidos y proceder a su revisión anual, si se considera necesario, o incluso en un plazo inferior, en caso de urgencia, por razones de cualquier índole.

Cuando fuese necesaria la modificación de este plan, la Comisión Antifraude elevará propuesta a la Presidencia de la Corporación, contemplando la modificación o modificaciones previstas, para su aprobación mediante Decreto, debiendo dar cuenta al Pleno de la Corporación en la siguiente sesión que se celebre.

6.	COMISIÓN ANTIFRAUDE.

6.1.	COMPOSICIÓN.

Para asegurar la correcta, eficiente y eficaz aplicación de todas las medidas dispuestas en este plan, que abarca los cuatro ejes de la lucha contra el fraude (prevención, detección, corrección y persecución), se procederá a la creación de una Comisión Antifraude, de composición eminentemente técnica, sin perjuicio de que la Presidencia de la misma recaiga en personal corporativo, e integrada por los siguientes miembros, en todo caso:

-	Funcionario/a técnico/a o administrativo/a para desempeñar las funciones de secretario/a de la Comisión.

-	Titular de la Secretaría General o técnico/a responsable en quien delegue.

-	Titular de la Secretaria General Técnica o técnico/a responsable en quien delegue.

-	Titular del Servicio de Contabilidad y Presupuestos o técnico/a responsable en quien delegue.

-	Titular del Servicio de Intervención General o técnico/a responsable en quien delegue.

-	Titular del Servicio de Asesoría Jurídica y Defensa en Juicio o técnico/a responsable en quien delegue.

-	Titular del Servicio de Contratación o técnico/a responsable en quien delegue.

-	Titular del Servicio de Tesorería General o técnico/a responsable en quien delegue.

-	El Jefe/a de Servicio o técnico/a responsable en quien delegue de cada una de las unidades encargadas de la ejecución de fondos del MRR asociados a un subproyecto.

La designación de los miembros se realizará mediante Decreto de la Presidencia.

6.2.	FUNCIONES.

Esta Comisión se reunirá con una periodicidad anual, o inferior si circunstancias de cualquier índole así lo exigieran, y sus funciones serán las siguientes:

a)	Orientar a la Administración acerca del sistema del MRR previsto en la Orden HFP 1030/2021, de 29 de septiembre.

b)	Diseño, creación y revisión de medidas antifraude que permitan prevenir, detectar, corregir y perseguir el fraude y los conflictos de intereses.

c)	Concienciar y proponer acciones formativas dirigidas al resto del personal de la Corporación.

d)	Canalización y comunicación de toda la información relativa al PRTR a las diferentes unidades de gestión por razón de la materia.

e)	Seguimiento y evaluación del grado de ejecución de los proyectos, actuaciones, acciones y tareas financiadas con cargo al MRR, y a cualquier tipo de fondos.

f)	Análisis de posibles nuevas líneas de financiación y riesgos.

g)	Incoación de expedientes informativos ante cualquier sospecha de fraude, solicitando cuanta información sea necesaria a las diferentes unidades implicadas que deberán suministrarla de inmediato.

h)	Estudiar y dar respuesta a las denuncias recibidas que expongan supuestas conductas susceptibles de ser encuadradas en los supuestos de fraude o similares recogidos en este plan (buzón de denuncias).

i)	Resolución de expedientes incoados con la debida motivación y justificación, así como las medidas propuestas en cada caso.

j)	Suministrar información necesaria a las entidades y organismos responsables en relación a las medidas de corrección y persecución contenidas en el plan, o proponer la incoación de las consiguientes sanciones en materia administrativa y/o penal.

k)	Llevar un registro de los muestreos realizados, de las incidencias detectadas y de los expedientes informativos incoados y resueltos.

l)	Elaboración de una memoria anual comprensiva de todas las actuaciones realizadas por la comisión antifraude.

6.3.	REUNIONES.

Con carácter ordinario la Comisión Antifraude se reunirá bimensualmente, sin perjuicio de que puedan convocarse tantas reuniones de carácter extraordinario como sean necesarias o cualquiera de sus miembros lo solicite.

Primará la utilización de medios electrónicos en todo lo relativo a su funcionamiento.

7.	PUBLICIDAD.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, este plan será objeto de publicación en el apartado correspondiente del Portal de Transparencia del Excmo. Cabildo de Fuerteventura.

En Puerto del Rosario, a ocho de mayo de dos mil veinticinco.

LA CONSEJERA DE ÁREA INSULAR DE HACIENDA, PROM. ECONOC., REC. HUM., DEP. Y MOV. ANEXO I (MATRIZ EVALUACIÓN).
MATRIZ DE RIESGOS.xlsx

ANEXO II. DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE.

El Excmo. Cabildo de Fuerteventura y sus Organismos Autónomos se comprometen al cumplimiento de las normas jurídicas y éticas y morales, adhiriéndose a los principios de integridad, objetividad, rendición de cuentas y honradez en el ejercicio de sus funciones de forma que su actividad sea percibida por todos los agentes que se relacionan con ella como contraria al fraude y la corrupción en cualquiera de sus formas.

El personal del Excmo. Cabildo de Fuerteventura y de sus Organismos Autónomos, en su condición de empleados públicos, tienen el compromiso, entre otros, de “velar por los intereses generales, con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres” de conformidad con lo establecido en el artículo 52 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

De este modo se pondrán en marcha medidas eficaces y proporcionadas de lucha contra el fraude que faciliten su prevención y detección, promoviendo el diseño y ejecución de procedimientos efectivos para la gestión de estos supuestos, y basándose en experiencias anteriores y en la evaluación continua y periódica del riesgo de fraude.

Asimismo, se procederá a denunciar todas aquellas irregularidades y sospechas de fraude que se detectaran, a través de cualquiera de los canales habilitados para tal fin, siempre en colaboración con el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, y con pleno respeto al principio de confidencialidad.

En definitiva, el Excmo. Cabildo de Fuerteventura y sus Organismos Autónomos, asumen un compromiso íntegro y absoluto con la lucha contra el fraude, determinando un sistema de control para la prevención y detección, en la medida de los posible, cualquier acto de fraude, así como la corrección de su impacto, en caso de producirse, y el seguimiento de los resultados para que no vuelva a producirse.

ANEXO III. A) DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTOS DE INTERESES (DACI)

Expediente: Contrato/subvención:
Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación/subvención arriba referenciado, el/los abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de preparación y tramitación del expediente, declara/declaran:

PRIMERO. Estar informado/s de lo siguiente:

1.	Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares,

afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

2.	Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

3.	Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente», siendo éstas:

a)	Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

b)	Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.

c)	Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.

d)	Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e)	Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar».

4.	Que la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, establece un marco normativo para garantizar la protección de los informantes de infracciones que afecten al sector público, y que cualquier persona involucrada en este procedimiento tiene la obligación de comunicar posibles infracciones o conflictos de intereses que pudieran afectar a la transparencia del proceso y a la lucha contra la corrupción.

5.	Que la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, refuerza las medidas preventivas y sancionadoras respecto a la corrupción, estableciendo una cultura organizativa de cero tolerancia ante cualquier tipo de corrupción, conflicto de intereses, o comportamiento que pueda afectar la imparcialidad y transparencia del proceso administrativo.

SEGUNDO. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su/s persona/s ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al procedimiento de licitación/concesión.

TERCERO. Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de contratación/comisión de evaluación, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

CUARTO. Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/ judiciales que establezca la normativa de aplicación.

Y para que conste firmo la presente declaración. (Fecha y firma, nombre completo y DNI)
ANEXO III. B) DECLARACIÓN DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Don/Doña	, DNI	, como Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad ________________________________ con NIF ____________ y domicilio fiscal en
____________________________________________ beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente XX «	», declara conocer la normativa que es de aplicación, en particular las siguientes apartados del artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia:

1.	La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos siguientes:

i.	El nombre del perceptor final de los fondos;

ii.	El nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de contratación pública;

iii.	Los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

iv.	Una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión».

2.	Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco de la información financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento».
Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con los fines expresamente relacionados en los artículos citados.

 	, XX de	de 202X Fdo.:  			
Cargo:  	

ANEXO III. C) DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Don/Doña	, DNI		, como titular del órgano/ Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad		con NIF		y domicilio fiscal en ______________________________________________ en la condición de órgano responsable/ órgano gestor/ beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como contratista/ente destinatario del encargo/ subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente XX «			», manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

 	, XX de	de 202X Fdo.:  			
Cargo:  	

ANEXO IV. CÓDIGO ÉTICO DE CONDUCTA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

1. PRINCIPIOS ÉTICOS FUNDAMENTALES

La actividad diaria del personal del Excmo. Cabildo de Fuerteventura y de sus Organismos Autónomos debe reflejar el cumplimiento de los principios éticos recogidos en los artículos 52 a 54 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y los deberes y responsabilidades del personal funcionario previstos en los artículos 50 y 51 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canarias, que establecen lo siguiente:

ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO

“CAPÍTULO VI. DEBERES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. CÓDIGO DE CONDUCTA.

Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta.

Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes.

Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.

Artículo 53. Principios éticos.

1.	Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico.

2.	Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio.

3.	Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos.

4.	Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

5.	Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público.

6.	No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público.

7.	No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.

8.	Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.

9.	No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.

10.	Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.

11.	Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos.

12.	Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.

Artículo 54. Principios de conducta.

1.	Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.
2.	El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.

3.	Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.

4.	Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

5.	Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación.

6.	Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.

7.	Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables.

8.	Mantendrán actualizada su formación y cualificación.

9.	Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral.

10.	Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio.

11.	Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio”. LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA CANARIA
“CAPÍTULO IV. RÉGIMEN ESTATUTARIO

Sección 7.ª Deberes y responsabilidades Art. 50.
1.	El personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma desarrollará su trabajo esforzándose en que la prestación de los servicios públicos alcance la máxima eficacia.

2.	Especialmente cuidará del estricto cumplimiento de los siguientes deberes:
a)	El cumplimiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y demás disposiciones que deba aplicar el desenvolvimiento de su trabajo, así como de los principios rectores descritos en el artículo 3 de esta Ley.

b)	Cumplir las órdenes recibidas que se refieran al servicio y formular, en su caso, las sugerencias que crea oportunas. Si las órdenes fueran, a su juicio, contrarias a la legalidad, podrá solicitar la confirmación por escrito y, una vez recibida, podrá comunicar inmediatamente por escrito la discrepancia al Jefe Superior, no viéndose obligado a cumplirla si éste no la reitera por escrito. En ningún caso se cumplirán las órdenes que impliquen la comisión de delito.

c)	Guardar la debida reserva con respecto a la información a la que acceda por razón de sus funciones y especialmente en relación con los asuntos que sean declarados secretos o reservados.

d)	En las relaciones con los administrados, comportarse con la máxima corrección, procurando en todo momento prestar el máximo de ayuda e información al público.

e)	Facilitar a sus subordinados el ejercicio de sus derechos y exigirles el cumplimiento de sus obligaciones mediante las ayudas e instrucciones que sean necesarias.

f)	Procurar al máximo su propio perfeccionamiento personal, utilizando los medios que a este efecto disponga la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

g)	Cumplir estrictamente la jornada y horario de trabajo que, dentro de los límites legales, reglamentariamente se determinará en función de la mejor atención a los administrados, de los objetivos señalados en los servicios y del buen funcionamiento de éstos.

Art. 51.

Los funcionarios serán responsables de la buena gestión de los servicios encomendados y procurarán resolver por iniciativa propia las dificultades que encuentren en el cumplimiento de su función. Esta responsabilidad no excluye la que pueda corresponder a sus superiores jerárquicos”.

Con independencia de lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley de Función Pública Canaria, las personas que ejerzan tareas de gestión, seguimiento y/o control, que participen en la ejecución de las medidas del PRTR, prestarán especial atención en el cumplimiento del presente Código Ético y de Conducta en los siguientes aspectos y fases del procedimiento de gestión de proyectos financiados con fondos del MRR:

1.	Se llevará a cabo el cumplimiento riguroso de la legislación de la Unión, nacional y/o regional, aplicable en la materia de que se trate, especialmente en las materias siguientes:

-	Elegibilidad de los gastos.

-	Contratación pública.

-	Regímenes de ayuda.

-	Información y publicidad.

-	Medio Ambiente.

-	Igualdad de oportunidades y no discriminación.

2.	Las personas empleadas públicas relacionadas con la gestión, seguimiento y control de los fondos del MRR, ejercerán sus funciones basándose en la transparencia, un principio que implica claridad y veracidad en el tratamiento y difusión de cualquier información o datos que se den a conocer, tanto interna como externamente.

3.	Se tendrá especial cuidado en cumplir el principio de transparencia:

-	Cuando se den a conocer y comuniquen los resultados de procesos de concesión de ayudas financiadas por los fondos del MRR.
-	Durante el desarrollo de los procedimientos de contratación.

4.	El cumplimiento del principio de transparencia no irá en detrimento del correcto uso que el personal debe hacer de aquella información considerada de carácter confidencial, como pueden ser datos personales o

información proveniente de empresas y otros organismos, debiendo abstenerse de utilizarla en beneficio propio o de terceros, en pro de la obtención de cualquier trato de favor o en perjuicio del interés público.

5.	Se tendrá especial cuidado en que no se produzcan conflictos de intereses en el personal empleado público relacionado con los procedimientos de “contratación” y “concesión de ayudas públicas”, en operaciones financiadas por fondos del MRR.

a)	Contratación pública:

En el supuesto de que se identifique un riesgo de conflicto de intereses se procederá a:

-	Analizar los hechos con la persona implicada para aclarar la situación.

-	Excluir a la persona en cuestión del procedimiento de contratación.

-	En su caso, cancelar el procedimiento.

b)	Ayudas públicas.

Los empleados públicos que participen en los procesos de selección, concesión y control de ayudas financiadas con fondos del MRR, se abstendrán de participar en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal.

En el caso de que, efectivamente, se produzca un conflicto de intereses, se aplicará la normativa legal en materia de sanciones.

2.	RESPONSABILIDADES RESPECTO DEL CÓDIGO

Entender y cumplir los principios del presente Código Ético y de Conducta, es responsabilidad de todas las personas que llevan a cabo funciones de gestión, seguimiento y/o control de operaciones financiadas con fondos del MRR. No obstante, conviene puntualizar y concretar algunas responsabilidades específicas, según los diferentes perfiles profesionales.

i.	Todo el personal tiene la obligación de:

-	Leer y cumplir lo dispuesto en el Código.

-	Colaborar en su difusión en el entorno de trabajo, a colaboradores, proveedores, empresas de asistencia técnica, beneficiarios de ayudas o cualquier otra persona que interactúe con el Excmo. Cabildo Insular.

ii.	Las personas responsables de servicio además de las anteriores, tienen la obligación de:

-	Contribuir a solventar posibles dudas que se planteen respecto al Código.

-	Servir de ejemplo en su cumplimiento.

iii.	Los órganos directivos, tienen la obligación de promover el conocimiento del Código por parte de todo el personal, así como la obligación de fomentar la observancia del Código y de cumplir sus preceptos.

107.805